La intervención del Consultor Jurídico de la Presidencia, licenciado Flavio Darío Espinal, no ofrece respuesta a los cuestionamientos fundamentales hechos al proceso de aprobación de un nuevo aeropuerto en Punta Cana, y es otro eslabón más de la cadena de irregularidades y alimentan las sospechas de corrupción en el proceso.
La afirmación la hace el doctor Miguel Valerio Jiminián, quien dirige las iniciativas legales y las denuncias de corrupción contra los funcionarios involucrados en las aprobaciones presentadas en la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Hasta por simple prudencia, advierte Valerio, Espinal debió abstenerse de asumir la defensa “de un procedimiento viciado sobre el que pesan varias denuncias” en la PEPCA y para evitar “las sospechas de que su intromisión en un asunto que es ya de competencia judicial busca condicionar la actuación del ministerio público”.
“Se trata de una presión indebida en un estado de derecho, un irrespeto preocupante a la separación de poderes que debería tener consecuencias si de verdad queremos preservar la salud democrática de nuestro país”, afirma el jurista.
Afirma que los argumentos de Espinal no alcanzaron a explicar por qué si el aeropuerto se construirá con recursos privados exclusivamente, el Consejo de Fomento Turístico le aprobó a la carrera el 16 de julio exenciones fiscales por 15 años que, al decir del Ministerio de Hacienda, costarán al Estado más de 4 mil millones de pesos, un privilegio del que no gozan los demás aeropuertos.
VIOLA REGLAMENTO DE CONFOTUR
De acuerdo a ese ministerio, explica Valerio, el proyecto es “financieramente inviable sin el generoso apoyo del Estado dominicano”, que se otorgó “sin que la documentación de rigor estuviese completa, sin el decreto de aprobación del Poder Ejecutivo que se otorgó después, sin el permiso municipal de uso de suelo y sin comprobar son los dueños titulares definitivos de los terrenos”.
Para colmo destaca, el artículo tres del reglamento de aplicación de la ley de incentivos al turismo establece como una condición la “viabilidad económica” del proyecto a ser favorecido, condición que el Ministerio de Hacienda advirtió que el aeropuerto no cumple.
Los argumentos del señor Espinal, afirma Valerio, son insuficientes para despejar las incógnitas que dejan la “no objeción” y recomendación de que se suscriba un contrato entre el Estado y los dueños del proyecto que hizo por la Comisión Aeroportuaria, cosas que “no son sus atribuciones de acuerdo a la ley”.
Destaca el abogado que Espinal olvidó explicar por qué siempre el caso del aeropuerto se ha conocido en las instancias oficiales como punto fuera de agenda en reuniones fantasmagóricas durante la pandemia, sin dar tiempo a una debida ponderación, sólo con la información suministrada por los interesados, convertida en documentación secreto de Estado.
MÉXICO Y EL “AEROPUERTO DE LA CORRUPCIÓN”
La prisa para los permisos, el estudio técnico en sólo 10 días hecho por un ex-empleado del Grupo ABRISA y el visto bueno del Instituto Dominicano de Aviación Civil apoyado solo en las informaciones suministradas por propietarios, contrasta con la actitud de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre la construcción de una aeropuerto en México.
En este caso el entonces presidente electo mexicano Manuel López Obrador, pidió a la OACI opinión sobre la viabilidad técnica de construir un aeropuerto internacional muy cerca a la base aérea Santa Lucía.
La OACI respondió: “Es sumamente importante que México realice un estudio exhaustivo de todas las opciones para determinar los pros y los contras técnicos de cada una.”
“Lo anterior –añadió- requiere ser objeto de una investigación exhaustiva que toma tiempo y a menudo es costosa debido al tiempo y la experiencia de los más capacitados técnicos internacionales requeridas para asegurar que el gobierno tenga información” necesaria para “decisiones tan críticas”.
Valerio señala que aquí faltaba tiempo, no para un estudio exhaustivo, serio, independiente, y la observación escrupulosa de las normas legales, sino para concluir todo el proceso antes del cambio de gobierno. Afirma, que tiempo habrá para que brote la verdad y se establezca si la sabiduría popular yerra con el calificativo de “aeropuerto de la corrupción”.
