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“He hablado con algunos miembros con antigüedad [del Congreso] que conocen y me han dicho: ‘Don, ¿no saben que no los van a deportar?'”.
Es un sábado por la mañana en un Starbucks en un suburbio en el sur y el Congresista Don Bacon está hablando sobre los DREAMers y la decisión del Presidente Trump del 5 de septiembre de acabar con su estado de la para los Llegados en la Infancia (DACA) en 6 meses.
“No, ellos no [lo saben]”, dijo Bacon. “He hablado con ellos. Están asustados. Algunos no se dan cuenta de que podrían ser deportados. Sí, pero cuando escuchas la retórica, esta es tu vida”.
Vidas que solamente pueden en gran parte recordar haber crecido en los Estados Unidos de Norteamérica y que ahora se enfrentan a una realidad más difícil. El programa DACA, establecido en el 2012 por una orden ejecutiva del Presidente Obama, otorga un estatus diferido en los procedimientos de inmigración y autorización para trabajar para los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos de Norteamérica cuando eran niños.
También son conocidos como DREAMers en honor a la propuesta legislativa que les ofreció un camino hacia la ciudadanía, introducida por los Senadores Dick Durbin (D-Ill.) y Orrin Hatch (R-Utah) en el 2001. Aunque fue aprobada por la Cámara en el 2010, nunca pudo pasar la obstaculización del Senado para convertirse en ley.
Hoy hay una posibilidad real que tener una luz fundida en su carro pueda hacer que un DREAMer entre en el procedimiento de deportación, sin un abogado que le represente, terminando por enviarle a un país del que no conocen mucho.
Casi medio millón de inmigrantes indocumentados son aprehendidos cada año y casi un 90 por ciento de ellos son deportados. En abril el Washington Post examinó 675 de las 27,362 detenciones por inmigración bajo la administración del Presidente Trump. Casi la mitad no tenía condenas penales o eran culpables de una violación de tráfico. Debido a que la deportación es una audiencia civil los deportados no tienen derecho a un abogado del gobierno.
El final del programa DACA significa que los DREAMers perderán una tarjeta de Seguro Social y la posibilidad de trabajar y pagar impuestos. En Nebraska, también significa la pérdida de una licencia de conducir y de licencias profesionales. Estos últimos dos privilegios fueron ganados por los DREAMers al trabajar con una mayoría de 2/3 de la Nebraska Unicameral para anular no uno sino dos vetos por el Gobernador Republicano Pete Ricketts del Estado de Nebraska.
La decisión de Trump para rescindir el DACA coloca a todo eso en el limbo.
Entender las distinciones legales es clave para entender la constitucionalidad de la DACA y la base de la decisión de Trump. Los legisladores como el Congresista Bacon se enfrentan a un reto en tranquilizar a algunos de sus electores y hacer lo que se piensa es correcto. Los DREAMers se enfrentan a la pérdida de todo con lo que han crecido y conocido, sintiéndose como peones políticos por un Presidente determinado a cumplir su promesa de construir un muro fronterizo entre México y los EE.UU.
DACA y APA
Aunque el Fiscal General Sessions ha llamado al DACA un “ejercicio inconstitucional de autoridad por el Ejecutivo” cuando anunció la decisión del Presidente Trump de terminar el programa, esta nunca ha sido impugnada con éxito en una corte desde sus inicios en el 2012.
Fue solamente el riesgo de una impugnación por parte de diez Procuradores de Estado Republicanos, incluyendo Doug Peterson de Nebraska, lo cual podría tomar años antes de que se decida, que impulsó la decisión de Trump.
La decisión original del DACA se enfrentó a dos impugnaciones legales significantes, pero ninguna de las dos llego a algo.
“La impugnación legal inicial a DACA llegó casi desde el inicio”, explicó David Weber, profesor de derecho y experto en derecho migratorio de la Universidad de Creighton, “presentado por algunos empleados de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que decían que el Presidente no estaba cumpliendo con su obligación constitucional de administrar lealmente todas las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta esencialmente fue desechada por no contar con fundamentos. Esta es una disputa entre patrón y empleado y no llegó a nada”.
Eso no detuvo al hombre que recientemente perdonó el Presidente Trump por un desacato con una sentencia condenatoria por categorización racial.
“El Sheriff Joe Arpaio presentó una impugnación en la Corte de Distrito de D.C. y esa fue desechada casi de inmediato por falta de fundamentos”, dijo Weber. “Yo no pienso que mostraren que habría una lesión al estado por simplemente permitir que las personas permanezcan aquí de forma temporal. Ese también fue desechado de forma inmediatamente por no tener fundamentos”.
La segunda orden ejecutiva de Obama de mayor importancia a finales de 2014, la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), con una pequeña expansión del DACA, que un Juez Federal en Texas detuvo por cuestiones procedimentales y no constitucionales.
El Juez Federal Andrew Hanen de Brownsville, Texas escuchó la impugnación al DAPA. Sus opiniones políticas en ese momento son bien conocidas.
“Ese Juez ha sido muy crítico de la administración de Obama”, explicó Shane Ellison, Director Ejecutivo Adjunto de Justice For Our Neighbors, “muy crítico de la inmigración ilegal, había expresado fuertemente esas opiniones en decisiones que estaban, francamente, de muchas formas, cruzando la línea en cuanto a preguntarnos si él era o no neutral sobre este tipo de cuestiones”.
A pesar de sus puntos de vista públicamente conservadores, Hanen emitió una resolución que establecía que Texas tenía standing debido al costo de emitir licencias para conducir a quienes recibían la DAPA, pero detuvo su implementación en base a cuestiones procedimentales, dejando a la DACA por si parte.
“[E]ste caso no es sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”, escribió Hanen en su decisión. Posteriormente, él agregó: “Los Estados no disputan que el Secretario Johnson tiene la autoridad legal de establecer prioridades y esta Corte no encuentra nada ilegal sobre las prioridades del Secretario. La delegación de autoridad de la HSA no puede, sin embargo, ser leída para delegar al DHS el derecho a establecer una regla nacional o programa de otorgamiento de presencia legal”.
Fue cómo se implementó la ley que ocasionó que el Juez permitiera la orden judicial.
“Esa primera decisión que dijo que no se siguieron los pasos adecuados bajo la Ley de Procedimientos Administrativos (APA), para crear el programa DACA”, explicó Ellison, “[DACA] es más una regla, como una regla regulatoria, que es una herramienta para guiar las políticas. APA permite la emisión de pautas de políticas a través de memoranda, pero los procesos altamente formalizados deben ser emitidos a través de regulaciones [formales]”.
Irónicamente, de acuerdo a Weber, el argumento APA es la base para varios Estados, incluyendo Iowa, para impugnar la decisión de Trump sobre poner fin al DACA.
“Esa es la pregunta de los $64,000″, dijo Weber. “Si lo que pasó con la DAPA y la DACA fue que se deja sin efecto en base a la APA, por no cumplir con el periodo de notificación y comentario, hay un buen argumento de que la reciente decisión del Presidente Trump también estaría requerida de pasar por el mismo periodo de notificación y comentario”.[:]
