La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, haciéndose eco de inquietudes de sus miembros y después de consultar con sus asesores tributarios, ha emitido diversas consideraciones en torno al proyecto de ley que se conoce en las Cámaras tendente a aprobar el presupuesto complementario y que incluye una amnistía fiscal que busca aumentar los ingresos en las recaudaciones fiscales.
La nota resalta la importancia de aumentar los tributos, los cuales se han visto sensiblemente mermados por la inactividad económica provocada por el COVID-19 y por los programas de apoyo financiero a la población que ha visto disminuir sus ingresos, no obstante, lo planteado en el citado proyecto de ley prevé, en sus artículos 9 y 10, un planteamiento de amnistía fiscal que premia al contribuyente que ha evadido el pago al fisco y penaliza a quien ha pagado sus tributos oportunamente.
Plantea la entidad empresarial que, dados los distintos márgenes de utilidad en cada sector, es razonable que la amnistía propuesta se base en la ‘tasa efectiva de tributación’ (TET) de cada sector, y que, “aquellas empresas que estén pagando por encima de la TET puedan quedar amnistiadas con una carta que evidencie los pagos superiores a los pagos del sector”. En aquellos casos en que el pago realizado por la empresa no alcance a la TET, “debe poder amnistiarse con el pago de la diferencia entre lo pagado hasta alcanzar la TET, como se ha hecho en otras ocasiones”.
El monto planteado como pago al fisco para acceder al beneficio de la amnistía fiscal incluye el pago de “el 3.5% sobre el monto promedio de los ingresos operacionales netos declarados para los fines del Impuesto Sobre la Renta en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019”, cuando todos saben que algunos renglones de actividad empresarial no alcanzan a ese margen de 3.5%. A ese pago habría que agregar el 2% aplicable a las partidas transparentadas o revalorizadas, más el 1% por aumento de capital, más el impuesto previamente pagado. Montos sumados que no incentivarán a muchas empresas a acogerse.
Todo lo anterior, sin mencionar que, para aquellas empresas que hayan sido notificadas por la DGII, existe la posibilidad de que sean fiscalizadas para los años 2015 y 2016.
Continua la nota diciendo que “una empresa que quiera acogerse a la amnistía y que haya pagado, en su momento, los impuestos correspondientes, tendría que pagar lo mismo que la empresa que nunca pagó nada al fisco, lo cual no tiene sentido lógico y premia a la empresa evasora”.
Termina la nota destacando que se requiere un planteamiento distinto en que las empresas reciban un real interés justo y equitativo para acogerse a la amnistía de manera que se puedan incrementar los ingresos fiscales, y de paso, frenar el endeudamiento público, al que, de manera forzosa, nos ha llevado la pandemia actual. La Cámara motiva a los legisladores y autoridades nacionales a ponderar este proyecto para que contribuya a sobrellevar la actual crisis.
