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New America Media
Mientras Donald Trump va por el país fomentando el odio hacia los inmigrantes y la desconfianza del proceso electoral, en muchos lugares son los inmigrantes y las minorías quienes tienen razones para preocuparse — por si les impiden la entrada a las urnas.
El próximo 8 de noviembre serán las primeras elecciones presidenciales desde la decisión Shelby v. Holder de la Corte Suprema en el 2013, que eliminó las provisiones de la Ley de derecho de voto que protegía a los votantes minoritarios de las prácticas discriminatorias en las urnas.
La decisión Shelby ha sido una parte de la tendencia más general hacia la supresión de votantes en todo el país desde 2010, según el Brennan Center for Justice. Una de las medidas más comunes es la imposición de estrictos requisitos para la identificación del votante. Las restricciones en las elecciones tienden a afectar de manera desproporcionada no solo a los inmigrantes y gente de color, sino también a la gente joven y estudiantes, la gente mayor, la de bajos ingresos, y gente con sentencias condenatorias previas por delitos mayores.
Según el Centro Brennan, solo este año — el 2016 — estados han impuesto nuevas leyes que restringen la votación. En los últimos seis años, los estados con más probabilidad de crear nuevas políticas que suprimen votos son los que tenían el índice más alto de asistencia de afroamericanos en las elecciones de 2008 que pusieron al Presidente Obama en el poder, y los que tuvieron el índice más alto de población latina entre 2000 y 2010.
Pero además de medidas legitimadas por el estado, dice la directora ejecutiva de The Advancement Project, Judith Browne Dianis, “La otra preocupación que tenemos para este ciclo de elecciones es que puede que veamos justicieros anti-democracia poniendo barreras ante las urnas”.
“La campaña de Trump y otros legisladores a nivel estatal y local han presentado repetidamente reclamaciones de fraude electoral que dicen que es generalizado, y la campaña de Trump ha reclamado más aún, pidiendo vigilar las urnas agresivamente”, dice. “Tenemos esta continua narrativa de conjurar al Coco que va a robar las elecciones”. Dianis habló en un informe televisado organizado por The Media Consortium.
Los defensores están más preocupados por los lugares en donde el alarmismo acerca del fraude electoral se cruza con la retórica anti-inmigrante y una reacción violenta contra gente de color.
En Georgia, por ejemplo, ha habido una tendencia hacia “cierres de distritos electorales y consolidaciones de distritos electorales en comunidades predominantemente negras” que dificulta aún más que la gente se registre para votar, según Nse Ufot, directora ejecutiva del New Georgia Project. Los cierres a menudo se realizan “bajo la excusa de ahorrar dinero”, y para los defensores de derechos electorales que trabajan contra la corriente es difícil porque “cada Consejo Electoral del Condado funciona fundamentalmente como un feudo”.
Para los inmigrantes de Florida, según María Rodríguez, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition, “Existe una exclusión sistemática del proceso electoral y de la democracia”. Florida tiene casi un millón de inmigrantes indocumentados, que están privados de derechos a pesar de ser “la columna vertebral de la agricultura y el turismo”.
Además, dice Rodríguez, entre los residentes permanentes legales del estado, actualmente hay 66,000 casos de nacionalización pendientes “de gente que esperaba llegar a tener el derecho al voto en estas elecciones”. No lo tendrán.
Sin embargo la noticia no es completamente oscura. Solo el New Georgia Project ha podido registrar a más de 100,000 votantes este año. En julio, una corte federal dictaminó en contra de la ley de identificación electoral estricta de North Carolina, declarando que “se dirigía a los afroamericanos casi con precisión quirúrgica”. En agosto, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, recuperó los derechos electorales para 13,000 personas con sentencias condenatorias por delitos mayores (después de intentar restablecer, antes en el mismo año, los derechos electorales a 200,000 convictos).
California, con su larga legislatura democrática de hace mucho tiempo, se ha comprometido a llevar a cabo abundantes medidas durante los últimos diez años para aumentar las listas electorales, incluyendo registro online y votación por correo. Y en California, una tercera parte de los nuevos votantes son latinos.
Ciertamente, en un contexto más amplio, los votantes minoritarios tienen más poder que nunca. Según el Pew Research Center, casi 1 de 3 votantes elegibles para las próximas elecciones será de un grupo minoritario, y las minorías componen más del 40 por ciento de los votantes recién elegibles nacidos en los Estados Unidos. En estados indecisos, en donde se ven márgenes estrechos, el impacto de votantes étnicos es mayor que nunca. Con la cambiante demografía de la nación, la corriente continuará cambiando de rumbo.[:]
