La población con discapacidad y movilidad reducida se enfrenta a barreras en la infraestructura y el transporte público, así como no poder acceder a servicios y oportunidades como educación, atención sanitaria y vivienda (Banco Mundial 2021)
En América Latina y el Caribe hay cerca de 71 millones de personas con discapacidad (PcD), que corresponde al 12,6% de la población, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Alrededor del 50% de la población con discapacidad de la región está en edad de trabajar, pero la mayoría está desempleada o excluida del mercado laboral.
Debido a la exclusión económica y social, las PcD tienen menos oportunidades de crecimiento económico, y en consecuencia suelen tener más probabilidad de caer en la pobreza, sumado a las dificultades que tienen por la discapacidad.
La Organización Internacional de Trabajo señalaba que para 2013 las PcD con empleo en la región ocupaban cargos de baja jerarquía y con ingresos bajos, lo que no solamente afecta negativamente su capacidad para asegurar un nivel de vida mínimo, un acceso a los mecanismos de protección social. Y su bienestar se agrava a medida que envejecen.
La escasez de infraestructura y servicios de transporte público universalmente accesibles obliga a que las PcD deban usar transporte privados como taxis, y así tengan que gastar mayor porcentaje de su presupuesto en transporte.
Accesibilidad Universal:“Condición mediante la que un entorno es plenamente accesible a todos los individuos, sin importar si estos sufren de alguna discapacidad [..]”.
De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, se observa que las PcD utilizan el transporte público un 33% menos que el resto de la población, y utilizan 6 veces más el servicio de taxi que la población sin discapacidad. Además, en Santo Domingo (República Dominicana), las PcD que cuentan con un empleo deben gastar entre 37% y 40% de su salario en transporte debido a que el sistema de transporte público no es accesible y por tanto deben recurrir a un servicio de transporte individual.
Adicionalmente, según la encuesta de necesidades y prioridades de transporte local de las PcD —realizada en 39 países por la Alianza Global de Ambientes y Tecnologías Accesibles (GAATES)— se determinaron los desafíos que enfrentan las PcD en el transporte:
- 47% declaró vehículos de transporte público inaccesibles,
- 35% actitudes negativas de los conductores y resto del personal,
- 26% falta de disponibilidad del transporte público en general,
- 25% aceras desniveladas o rotas entre otras barreras.
Existen circunstancias o dimensiones que son formas de discriminación y exclusión que desalientan a las PcD a utilizar el transporte público (BID, 2019) y, en algunos casos, les impiden viajar de forma independiente. Algunas exclusión de las PcD en los sistemas de transporte son:
- Exclusión física, referida a las barreras en el diseño de vehículos, calles, estaciones, paradas de autobús,
- Exclusión social, como las limitaciones de comunicación y poca empatía que pueden tener los ciudadanos.
- Exclusión por parte de la comunidad y funcionarios de transporte (conductores o guardas de seguridad), cuando se niegan a transportar a una PcD.
Desafortunadamente hoy día, en Latinoamérica y El Caribe, hay muy pocos datos sobre la movilidad y los viajes que realizan las PcD, lo cual disminuye la capacidad de mejorar las políticas públicas y programas existentes relacionados a la planificación e inversión en infraestructura de transporte y provisión de servicios.
Por tal razón el BID ha desarrollado la evaluación de Mapas de Viaje en cinco ciudades de Latinoamérica con el fin de levantar una línea base sobre la accesibilidad universal en los sistemas de transporte y de esta manera proponer acciones de mejora a las autoridades responsables del transporte de estas ciudades.
Mapa de Viaje: Metodología en la cual se caracteriza la experiencia de viaje en el transporte público de diversos perfiles de usuarios, dentro de estos, personas con discapacidad. Se evalúa la accesibilidad de los viajes de usuarios con discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva, adulto mayor de 65 años, cuidador y persona con movilidad reducida temporalmente. Actualmente aplicada en Bogotá y Medellín (Colombia), Santiago de Chile (Chile), Curitiba (Brasil) y Santo Domingo (República Dominicana).
Estas acciones formaron parte de un préstamo del BID, como en el caso de Curitiba donde los resultados de la evaluación fueron incluidos en el Programa de Movilidad Urbana Sostenible el cual consta de la construcción de obras civiles, así como 12 estaciones a lo largo del recorrido de la línea Directa Inter 2, que incluirán facilidades para modos de transporte complementarios.
Además, se mejorará la iluminación y espacio público, aceras accesibles y 30 kilómetros de carriles mixtos y exclusivos para la circulación de los autobuses. De igual forma en el Programa de Apoyo a la Movilidad, Transporte Terrestre y seguridad Vial en República Dominicana se incluirán las oportunidades de mejora resultado de la aplicación de la evaluación en Santo Domingo.
