El COVID-19 tiene a las grandes ciudades en el punto de mira. La primera etapa de expansión del virus ocurrió en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, y actualmente Nueva York suma el mayor número de contagios y una de las mayores tasas de fallecimientos. En América Latina el coronavirus tiene también en las ciudades -donde vive el 80% de la población- sus principales focos de contagio.
Aproximadamente siete de cada diez viajes en las ciudades de América Latina se realizan en transporte público o colectivo. En el contexto actual, el funcionamiento de subtes, buses y trenes, con su masividad y cercanía física entre pasajeros, está entre las principales fuentes de contagio y por tanto de preocupación para las estrategias epidemiológicas de los países. Hasta ahora se han implementado tres grandes medidas para prevenir el contagio en el transporte público en las ciudades. La primera se basa en limitar el número de pasajeros por vehículo, hecho que reduce el número de contactos y, por tanto, de contagios. En un contexto con menos pasajeros esto puede manejarse relativamente bien, pero cuando se vuelva a una cierta normalidad se requiere aumentar el número de unidades en circulación en ciertos horarios y recorridos. Esta gestión de la oferta de viajes debe realizarse de forma inteligente para adaptarla a los cambios en la demanda, pero también tenemos que ser conservadores, ya que los errores de cálculo que generen concentraciones excesivas de pasajeros pueden resultar muy caros en términos de contagios.
En segundo lugar están las medidas que reducen el número de contactos entre personas y entre personas y superficies comunes. Por ejemplo, un gran número de ciudades de Estados Unidos han suspendido el cobro de la tarifa y obligado a subir por la puerta de atrás en los buses. Esta medida elimina la interacción entre conductor y pasajero, ya sea para cobrar el pasaje o para indicar el tipo de viaje. En los sistemas donde coexisten los pagos con dinero y con medios electrónicos, puede implementarse la suspensión de los pagos con dinero.
En tercer lugar, se puede limitar el contagio sin modificar el número de pasajeros y contactos mediante medidas como el uso obligatorio de mascarillas, que rige actualmente en ciudades como Santiago de Chile y Buenos Aires, la desinfección frecuente de vehículos, estaciones y paradas, y la puesta a disposición de desinfectantes para pasajeros y empleados del transporte.
Además de este frente epidemiológico, las reducciones drásticas derivadas del distanciamiento social dejan al sector del transporte en números rojos, introduciendo un frente económico y financiero en la gestión de los sistemas de transporte. En ciudades como Bogotá, Buenos Aires o Montevideo, el número de pasajeros cayó más de un 80%. Ante esta situación, una posible solución es reducir las frecuencias para ahorrar en costos variables como combustible y desgaste de las unidades. Si bien esto puede disminuir el déficit, estará lejos de eliminarlo debido a los costos fijos como los pagos por amortización de vehículos y los salarios.
Reducir las frecuencias proporcionalmente a la demanda también es problemático, ya que, especialmente en horas pico, aumenta el número de pasajeros por unidad y las posibilidades de contagio. Además, se debe garantizar el traslado a trabajadores que cumplen servicios esenciales como salud, transporte y abastecimiento de alimentos y seguridad. El transporte público debe entonces seguir funcionando con una frecuencia acorde a las necesidades de cada ciudad, y esto implica que se requerirá asistencia financiera por parte de los gobiernos. En contextos en que las finanzas de los gobiernos locales también se ven deterioradas, será necesario que los gobiernos nacionales incluyan la asistencia al transporte público dentro de sus paquetes de medidas fiscales.
Estas medidas deberán ajustarse a las distintas etapas de distanciamiento social de las ciudades y los países. Tanto la naturaleza de las medidas como su carácter dinámico hacen que la coordinación de esfuerzos entre gobiernos locales y nacionales deba ser muy estrecha. La vuelta a la actividad de grupos importantes de trabajadores puede resultar catastrófica en términos epidemiológicos si a nivel local no se expande la oferta de transporte público, y esto en general no será posible sin ayuda financiera del gobierno nacional. Los esfuerzos de coordinación incluyen también el rol de los gobiernos nacionales en garantizar la disponibilidad a nivel local de insumos como mascarillas o desinfectantes, así como de los gobiernos locales en proveer información sobre el funcionamiento del transporte público y sus niveles de ocupación para evitar contagios masivos.
