Se denomina vehículos autónomos (VAs) a una amplia gama de tecnologías con diferentes grados de automatización de la conducción. Ventajas y desventajas de por medio, se estima que los VAs generarán múltiples externalidades positivas, como mejoras en la seguridad por la disminución de siniestros viales, reducción en los costos del transporte público y de carga, y una mayor disponibilidad de espacio público al disminuir considerablemente la necesidad de estacionamientos. Otras mejoras ciertas, pero menos relevantes son la reducción en los tiempos de viaje y congestión, y la reducción de emisiones. Sin embargo, el desarrollo de los VAs se acompaña de algunos riesgos que deben ser abordados por la legislación, idealmente, antes de que la tecnología ingrese a los países y se integre, sin regulación, al espacio público y a los sistemas de transporte (como ha ocurrido con otros desarrollos tecnológicos). Para entender los desafíos regulatorios, primero necesitamos conocer los niveles de automatización de los VAs y por qué su operación podría transformarse en un problema.
¿Cuándo hablamos de VAs?
La estandarización más utilizada a nivel global (por SAE International y por International Organization for Standarization-ISO), ha establecido seis niveles de autonomía. Los niveles de conducción 0 a 2 requieren de un conductor para operar, y van desde funciones de soporte momentáneas, hasta la asistencia automatizada en la dirección y en el acelerado/frenado. Desde el nivel 3 el vehículo se conduce por sí solo sin necesidad de un conductor humano, aunque un conductor puede tener que asumir el control en ciertas circunstancias. Los niveles 4 y 5 tienen autonomía total, sin necesidad de un conductor a bordo, y van reduciendo los requisitos bajo los cuales pueden operar.
¿Dónde estamos hoy?
Actualmente, la tecnología autónoma está incorporada en los vehículos comerciales, transversalmente y sin restricción, hasta el nivel 2. Debido a la falta de capacidad y preparación para el nivel 3 y superiores, la operación en la vía pública se mantiene con supervisión de un conductor, con excepción de algunas ciudades líderes en incentivo de movilidad autónoma, como San Francisco (California). Para alcanzar el nivel 5 se requiere décadas de avances tecnológicos e integración. En Chile, durante el 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (MTT), firmaron un acuerdo para implementar el primer piloto de operación de un VA de pasajeros, junto a la empresa Transdev, el apoyo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la Municipalidad de Santiago. Los indicadores obtenidos son prometedores y con gran potencial de aplicación en el transporte colectivo, por sus rutas fijas.
¿Cuáles son los principales riesgos que trae la movilidad autónoma que requieren de regulación?
Los VAs presentan riesgos tales como:
- Mal funcionamiento técnico, dado que los VAs se basan en tecnología y sistemas de software complejos, que pueden fallar (como cualquier equipo tecnológico) y provocar accidentes; error humano, puesto que los VAs están diseñados para minimizar el error humano, los seres humanos todavía están involucrados en el diseño, desarrollo e implementación, y pueden incurrir en errores al intervenir en alguna de estas etapas;
- Ciberseguridad, considerando que los VA son por naturaleza una tecnología vulnerable a los ciberataques, lo que podría comprometer la seguridad física y privacidad de datos del vehículo y los pasajeros; y
- Atribución de responsabilidad, por la dificultad de identificar el responsable en el caso de que ocurra un accidente, donde no será claro si se deberá a un error del fabricante, del propietario, o del operador del vehículo.
Recientemente, el BID ha desarrollado un estudio denominado “Análisis y regulación de vehículos autónomos en Chile”, que revisa la política regulatoria de diez países líderes en adopción y regulación de movilidad autónoma; proporciona un panorama general de las posturas y agendas de los principales stakeholders, incluyendo, organismos internacionales, la industria y la academia; identifica las brechas de la regulación vigente respecto de esta tecnología; entrega recomendaciones en base a la experiencia internacional de expertos; entrega sugerencias de estructura y lineamientos para un marco regulatorio acorde con el sistema legal chileno; identifica aspectos claves a abordar en la normativa y las distinciones para transporte de carga, pasajeros y vehículo particular; entrega recomendaciones para formular una hoja de ruta; y para desarrollar un marco regulatorio para habilitar la operación de VAs, para crear una normativa intermedia de facilitación de pilotos, y para identificar los requisitos mínimos para autorizar la operación.
¿Cuáles son los resultados preliminares del estudio? Como anticipo, se identificó 5 temáticas vinculadas al sector transporte, como mínimos a abordar en materia legislativa:
- Reemplazar el concepto de conductor y el sistema de licencias de conducir,
- Definir nuevos estándares de seguridad en la homologación y operación,
- Redefinir la atribución de responsabilidades,
- Desarrollar un marco regulatorio para la realización de pruebas piloto, y
- Definir un diseño institucional que entregue a las autoridades atribuciones acorde a los desafíos de esta nueva tecnología.
Adicionalmente, se identificó 4 aspectos relevantes de abordar fuera del sector transporte: (1) ciberseguridad, (2) gestión de información para la protección de datos personales, (3) comunicación vehículo-vehículo y vehículo-infraestructura, y (4) uso de tecnología 5G. Los resultados del estudio serán publicados próximamente en el sitio web del BID.
