SANTO DOMINGO, R.D Noviembre Iro, 2021.- El licenciado Enrique Eduardo De Marchena, jurista experto en turismo e inversión extranjera, advirtió al Senado de la República “tener mucho cuidado y estudiar bien” el proyecto de ley que pretende eliminar los incentivos la industria turística, una estrategia que ha sido “muy exitosa” y aportado importantes contribuciones al desarrollo en los últimas dos décadas y es hoy uno de los principales soportes de la economía.
Señaló que el éxito de estos incentivos lo muestra que han aportado al país en los últimos años 20 años cerca de de US$7,500 millones en inversión nacional y extranjera directa y eliminarlos castraría las posibilidades de un prometedor desarrollo de las provincias Pedernales, El Seibo (Miches) y María Trinidad Sánchez (Playa Grande, Cabrera y Nagua).
Al participar en el programa El Día, de Telesistema, De Marchena explicó que estos incentivos fueron aprobados con el propósito de atraer inversiones para promover un desarrollo del sector turismo y su eliminación no puede ser realizada a la ligera.
De Marchena Kaluche dijo: “Entonces, supongamos que nos volvimos locos y se derogan los incentivos, sobre todo la ley de incentivo al turismo, lo que estamos haciendo es afectando el futuro, no el presente”; y precisó que por cada peso en incentivos el turismo “la cadena de valor del sector turístico le ha producido nueve pesos al Fisco. Eso es lo que significa que por cada peso de sacrificio fiscal se producen nueve pesos en favor del Estado”.
Dijo que en el período 2009-2019, el sector turismo creó más 575 mil empleos, lo que te dice que es la actividad productiva más dinámica del país.
Los incentivos al turismo, es decir, la inversión del Estado en el sector Turismo nos ha convertido, destacó, en “la principal potencia en materia de turismo en el Caribe y, con excepción de México, la República Dominicana es el país mejor ubicado en términos turísticos en toda Latinoamérica. Tenemos una planta hotelera sumamente competitiva que es un ejemplo en toda la región”.
Indicó que en los últimos 20 años bajo la Ley 158-01 se han aprobado 445 proyectos y ejecutado los mismos en un alto porcentaje; 50 % de los cuales son proyectos turísticos inmobiliarios, 32 % proyectos hoteleros y el restante 16 % proyectos de ofertas complementarias.
“Alrededor de 248 de esos proyectos corresponden a la Provincia de la Altagracia, donde tenemos una planta hotelera altamente competitiva, ejemplo en toda Latinoamérica, con una oferta turística complementaria de envidia, y yo creo que debemos mantenerla porque ha sido parte del éxito”, puntualizó De Marchena.
Las decisiones exitosas que motorizan el desarrollo económico y social del país “no podemos cortarlas”, y exhortó a que hagamos “un análisis muy cuidadoso de ese proyecto que pretende eliminar los incentivos”, expresó.
Explicó que el éxito logrado con los incentivos fiscales motivo que todos los países de CentroAmérica, en adición a Panamá, México, Jamaica, Puerto Rico y Colombia aprobaran leyes similares, y ahora estos incentivos son un tema de competitividad en el Gran Caribe.
Puso como ejemplo que en la provincia María Trinidad Sánchez se aprobaron 10 proyectos de alta gama, de gran dimensión y que de aprobarse la eliminación de la legislación vigente estaríamos liquidando la oportunidad de impulsar una región turística que no existía como tal antes de promulgar la ley en el 2001.
De Marchena también citó el caso de Pedernales “que no se va a desarrollar, en mi opinión, sin incentivos”.
AFINAR LA GESTIÓN
“Yo entiendo que la ley de lo que adolece en ocasiones es de una de una gerencia cuestionable”, dijo el reconocido experto en inversión extranjera con amplia experiencia en turismo.
Citó también como ejemplo, que la Ley 158-01 no contempla incentivos para la construcción de aeropuertos, por lo que ninguno de las tres terminales privadas que operan en el país goza de incentivos.
Sin embargo, en el último año del presidente Medina se aprobó un proyecto de aeropuerto y se le otorgaron RD$4,408 millones de pesos de incentivos fiscales, a pesar del informe del Ministerio de Hacienda indicando que este no era un proyecto financieramente sostenible.
